El Pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes comenzó con el debate a la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2016 y la Ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial para adaptarse a las normas superiores.

Durante gran parte del pleno se mencionó la ausencia de transparencia por parte del equipo de gobierno, las dos enmiendas a los presupuestos recibidas fueron uno de los ejemplos. Las enmiendas presentadas por Somos Santa Marta y un vecino de la localidad fueron desestimadas como suele ser habitual. La concejala popular Chabela de la Torre mencionó los artículos que establecen esta aceptación y argumentó que ambas enmiendas no se ceñían a la ley, que tuvo su respuesta por la portavoz del grupo IU argumentando que la ley es interpretable. Finalmente las cuentas municipales resultaron aprobadas con el voto favorable de PP y Ciudadanos, mientras que votaron en contra los grupos municipales de Somos Santa Marta, IU, y los tres anteriores concejales pertenecientes al grupo municipal PSOE, puesto que Jorge Moreno y Carmen Cabrera han pasado a formar parte de los no adscritos al darse en el partido por el que se presentaron por causas internas. Las primeras palabras de la concejala del PSOE fueron en forma de protesta pidiendo a sus anteriores compañeros de partido la entregaran su acta de concejales

En el punto tres se discutió la propuesta de la gestión del servicio del cementerio y del reglamento del servicio, que fue aprobada por nueve votos a favor y siete en contra, con lo que  se dejó ver las ideologías una vez más.  Los partidos de izquierda interpretaron que este reglamento es el primer paso para la externalización de este servicio público. Los argumentos del grupo del gobierno fue que esta externalización es la única forma de poder garantizar el servicio, ya que el Ayuntamiento carece de medios y personal suficiente para llevarlo a cabo con garantías. La concejala del PSOE se abstuvo en este punto.

En el capítulo de mociones, IU comenzó retirando la relativa al dictamen de una norma reguladora de la declaración del balance de ingresos y gastos de los grupos Municipales de este Ayuntamiento dado que se va a tratar de matizar si desde la Alcaldía se tiene potestad para poder dar ese paso. Una vez que se constate, la moción regresará al Pleno.

La moción en la que IU-Los Verdes en el que se instaba a la Junta de Castilla y León sobre la bajada del precio del autobús tuvo mejor suerte y fue apoyada por todos los grupos de la oposición, el PP se abstuvo debido a  que esta debería ser una propuesta de todo el alfoz, pues su aceptación podría tener consecuencias para todos los pueblos de alrededor con un servicio de transporte metropolitano.  Con esta aprobación el Ayuntamiento instará a la Junta a la rebaja del 10 % del valor del bono mensual pasando de 41,10 a 37,29 euros, además de la rebaja del 10 % del valor del bono mensual combinado (que también incluye el transporte urbano de Salamanca), y que pasaría de 44,75 a 40,28 euros. A la vez, solicitará al Pleno la creación de una campaña de concienciación “de los beneficios sociales, de movilidad, de salud y medioambientales que trae consigo el uso del transporte público”.

Respecto a la moción relativa a la creación de un registro de proveedores y licitadores presentada por Somos Santa Marta, IU-Los Verdes, y los tres concejales entonces del PSOE, fue rechazada por el voto contrario de Ciudadanos y PP. Convencidos de que darla de paso supondría perjudicar al pequeño comercio y a los autónomos del municipio, Andrés Vicente, que defendía la moción conjunta contestó la argumentación de los dos partidos diciendo que estos partidos no entendían una vez más la demanda ciudadana a favor de la transparencia y les acusó de no escuchar su exposición y tener previamente un discurso escrito y muy parecido al que expuso el PP de Salamanca en la moción presentada por la oposición en este municipio. También quiso dejar claro que dada la ley de mínimos a la que se somete la administración pública para la contratación, pronosticó que esta se verá cambiada en el futuro para ajustarse a la realidad actual de forma obligatorio por normas superiores.

IU-los verdes expuso una moción de urgencia para instar al gobierno central al cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, que finalmente no salió adelante por no ser aceptada con carácter urgente por el PP y C’s.